La Agencia Española de Protección de Datos autoriza, por primera vez, la conservación de datos personales con fines históricos
- La resolución de la AEPD autoriza la solicitud de una organización sindical para conservar datos de sus afiliados y representantes sindicales, con fines históricos.
- Con carácter general, la LOPD establece que los datos personales deben ser cancelados cuando dejan de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recabados.
- La normativa de protección de datos prevé, como excepción, el mantenimiento íntegro de determinados datos si se justifica la existencia de valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica.
- El procedimiento de autorización para la conservación de datos está regulado en el artículo 157 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, y exige, además de motivar la petición, identificar los datos que se pretenden conservar y detallar las medidas para garantizar los derechos de los titulares de los mismos.
Con carácter general, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece -en su artículo 4.5- que los datos personales deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. No obstante, se prevé tanto en la LOPD como en el artículo 9.2 de su Reglamento de desarrollo que, excepcionalmente, la AEPD pueda acordar el mantenimiento íntegro de determinados datos atendiendo a valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica.
El procedimiento para obtener la autorización de la AEPD para la conservación de datos con fines históricos, científicos o estadísticos se encuentra regulado en el artículo 157 del Reglamento de desarrollo de la LOPD. En él se recogen los aspectos y requisitos que debe contener la solicitud como son: la descripción de los datos que se pretenden conservar; motivar y acreditar la existencia de valores históricos, científicos o estadísticos que justifican la conservación; y exponer detalladamente las medidas a implantar para garantizar los derechos de los ciudadanos.